Una asambleísta departamental de La Paz planteó iniciar procesos contra el gobernador saliente Santos Quispe y realizar auditorías a su gestión, tras denuncias de presuntas irregularidades.
La asambleísta departamental Samantha Coronado solicitó el inicio de procesos legales contra el gobernador saliente Santos Quispe, al considerar que su administración dejó presuntos daños económicos y diversas irregularidades que deben ser investigadas.
En declaraciones a medios, la legisladora calificó la gestión como negativa y afirmó que durante los últimos cinco años no se concretaron proyectos de impacto, pese a la firma de convenios en distintas provincias. Según indicó, varias obras permanecen paralizadas aun cuando contaban con presupuesto asignado y empresas contratadas.
Coronado explicó que, en el marco de inspecciones realizadas desde la Comisión de Infraestructura, se identificaron deficiencias administrativas y posibles irregularidades en la ejecución de proyectos. Entre los aspectos observados, mencionó que una misma empresa habría estado a cargo de varias obras sin concluirlas, lo que derivó en retrasos y afectaciones a la población.
En el área de salud, la asambleísta también reportó carencias como la falta de medicamentos, equipos sin uso y déficit de personal médico en centros de primer y segundo nivel, tanto en áreas urbanas como rurales. Además, hizo referencia a denuncias sobre cobros irregulares y abandono en casas de acogida.
La legisladora sostuvo que, pese a las denuncias presentadas durante la gestión, no se registraron avances significativos en los procesos judiciales. Asimismo, cuestionó limitaciones a la labor de fiscalización, señalando que en el último año se restringió el acceso a información relevante.
En ese contexto, planteó que la próxima autoridad departamental impulse auditorías integrales en todas las áreas de la Gobernación. “Si estas auditorías arrojan responsabilidades, por supuesto que se tiene que procesar a la primera autoridad del departamento”, afirmó.
Coronado advirtió sobre posibles perjuicios económicos vinculados a obras inconclusas, adquisición de equipos sin uso y compras con presunto sobreprecio, además de la falta de resultados en áreas como desarrollo productivo.
Finalmente, reiteró que corresponde establecer responsabilidades sobre la gestión saliente. “Se tiene que establecer responsabilidades y encaminar los recursos en beneficio de la población”, señaló, al insistir en la necesidad de garantizar transparencia durante el proceso de transición.
