El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una evaluación integral a todas las empresas estatales, con la posibilidad de cerrar o liquidar aquellas que no cumplan criterios técnicos y financieros. La medida forma parte del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2026 y establece un plazo de 90 días para definir la viabilidad de estas entidades.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la decisión responde a un diagnóstico que evidencia dificultades estructurales en gran parte del sector público empresarial. “Empresas públicas en su gran mayoría son deficitarias”, afirmó la autoridad, al anunciar que se realizará un estudio técnico para determinar si estas deben “cerrarse o ser liquidadas”.
En ese marco, detalló que la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública asumirá un rol clave en el proceso. “Las empresas que han sido creadas por decreto se cerrarán por decreto, las empresas que han sido creadas por ley tendrán que ser cerradas por ley, así que ahí toca el trabajo con la Asamblea”, señaló Espinoza, al referirse al procedimiento legal que se aplicará en cada caso.
Por su parte, el director de esta instancia, Pablo Camacho, informó que al menos 14 empresas estatales se encuentran en quiebra técnica, acumulando una deuda aproximada de Bs 1.025 millones. “Más o menos Bs 1.025 millones, que hay que comenzar a honrar”, indicó, al referirse a las obligaciones pendientes con el Banco Central de Bolivia y el Fondo para la Revolución Industrial Productiva.
Camacho también advirtió que varias de estas entidades carecen de estudios técnicos fundamentales. “No cuentan siquiera con estudios TESA (Técnico, Económico, Social y Ambiental)”, señaló, remarcando la necesidad de auditorías que permitan establecer con precisión la situación real de cada empresa.
Entre las compañías identificadas con dificultades figuran Yacimientos de Litio Bolivianos y la Empresa Azucarera San Buenaventura, ambas con operaciones en distintas regiones del país y con compromisos financieros pendientes.
El proceso de evaluación definirá el futuro de las empresas públicas en Bolivia, en un contexto marcado por la necesidad de ajustes económicos y la búsqueda de mayor eficiencia en la administración de los recursos estatales.
