La crisis política y social en Bolivia continúa agravándose. En el día 40 del conflicto, nuevos grupos de campesinos provenientes de Cochabamba y del norte de Potosí llegaron a la ciudad de El Alto para sumarse a movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras aumentan los pedidos ciudadanos para que el Gobierno aplique el estado de excepción y restablezca la libre circulación en las carreteras.
Los movilizados fueron convocados por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y otras organizaciones afines al evismo. Videos difundidos en redes sociales muestran columnas de manifestantes ingresando a El Alto con banderas, pancartas y palos, anunciando que su objetivo es llegar hasta el centro político del país.
La llegada de estos grupos ocurre en medio de una situación crítica para La Paz y El Alto, donde la población enfrenta dificultades para acceder a combustibles, alimentos y medicamentos debido a los bloqueos que ya superan las cinco semanas.
Paralelamente, miles de ciudadanos participaron en un cabildo realizado en la ciudad de La Paz, donde exigieron el levantamiento de los bloqueos y demandaron al Gobierno la aplicación del estado de excepción para recuperar la transitabilidad en las carreteras y garantizar el abastecimiento de productos básicos.
El pedido también fue respaldado por sectores religiosos. El arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, consideró que el Ejecutivo podría aplicar un estado de excepción focalizado en las regiones más conflictivas, especialmente en el trópico de Cochabamba. En la misma línea, las Iglesias Evangélicas Unidas presentaron una Acción Popular para exigir la activación de esta medida constitucional.
Mientras tanto, desde el Chapare, organizaciones afines a Evo Morales anunciaron vigilias y advirtieron sobre posibles acciones contra instalaciones militares en caso de que el Gobierno avance con medidas de control en la región.
Ante este escenario, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que el país enfrenta una amenaza que va más allá del conflicto interno y aseguró que la respuesta del Estado será institucional, democrática y planificada para garantizar el orden y la seguridad nacional
