El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5630, que autoriza la reprogramación y refinanciamiento de créditos para personas y sectores económicos afectados por los bloqueos y la paralización de actividades que atraviesa el país. La medida busca otorgar alivio financiero temporal a miles de prestatarios que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones bancarias.
El presidente Rodrigo Paz informó que la disposición beneficiará a todos los sectores productivos con deudas en el sistema financiero, permitiendo acceder a mecanismos de reprogramación y períodos de gracia de hasta seis meses.
La norma establece que durante ese tiempo los prestatarios podrán suspender el pago de capital, intereses, seguros y otros cargos. Sin embargo, esos montos no serán eliminados, sino que deberán ser cancelados posteriormente mediante nuevas cuotas o ampliando el plazo original del crédito.
Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores productivos y sociales. Dirigentes del transporte, gremiales y microempresarios advirtieron que el beneficio podría perder efectividad si los intereses acumulados terminan incrementando significativamente el monto final de las deudas.
El dirigente de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Santos Escalante, señaló que los transportistas necesitan un verdadero período de recuperación económica que les permita superar las pérdidas ocasionadas por más de un mes de bloqueos y restricciones en las carreteras.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Rivero, recordó que durante la pandemia muchos prestatarios terminaron pagando intereses sobre intereses tras acogerse a medidas similares, por lo que pidió garantías para evitar que la situación se repita.
Desde el sector gremial, César González sostuvo que la medida representa un alivio temporal para miles de trabajadores por cuenta propia que han sufrido pérdidas de mercadería, reducción de ventas y falta de liquidez debido a la crisis económica provocada por los bloqueos.
Analistas económicos consideran que el decreto permitirá evitar un aumento inmediato de la mora bancaria; sin embargo, advierten que el problema podría trasladarse a los próximos años si la recuperación económica no logra consolidarse y los prestatarios continúan enfrentando dificultades para generar ingresos.
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