A 48 días del conflicto que mantiene paralizadas importantes rutas del occidente boliviano, diversos sectores sociales, empresariales, productivos y sindicales incrementaron la presión para lograr el desbloqueo definitivo de las carreteras. En este contexto, la Central Obrera Boliviana (COB) exigió la pacificación inmediata del país y presentó un pliego de demandas al Gobierno nacional.
Entre los planteamientos de la organización sindical se encuentran la liberación de dirigentes detenidos durante las movilizaciones, la revisión de leyes y decretos cuestionados por sectores sociales y el rechazo a posibles acuerdos de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno respondió convocando a una mesa de diálogo para este miércoles desde las 09:00 en la Casa Grande del Pueblo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, valoró la disposición de la COB, pero pidió que se instruya de inmediato el levantamiento de todos los bloqueos para permitir el ingreso de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustibles a las regiones afectadas.
Mientras tanto, la presión también crece desde el sector privado. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) alertaron sobre el cierre de empresas, la pérdida de inversiones, la paralización de actividades productivas y el incumplimiento de contratos debido a los bloqueos que afectan al país desde hace más de seis semanas.
A estas demandas se sumaron las Centrales Obreras Departamentales de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Tarija, además de cooperativistas mineros y sectores campesinos que solicitaron la normalización de las actividades y el restablecimiento de la libre transitabilidad en todo el territorio nacional.
Sin embargo, desde el trópico de Cochabamba algunos sectores movilizados anunciaron de manera anticipada que rechazarán cualquier convocatoria al diálogo, manteniendo la incertidumbre sobre una posible solución al conflicto.
La situación también afecta gravemente al transporte pesado. Centenares de conductores permanecen atrapados desde hace más de 40 días en puntos de bloqueo ubicados en Tambo Quemado, Desaguadero, Confital, Caracollo, Sica Sica, San Julián y otras regiones. Los transportistas denuncian que la ayuda humanitaria es insuficiente y aseguran que muchos permanecen sin alimentos adecuados ni atención médica.
La crisis continúa generando preocupación entre la población, que enfrenta problemas de abastecimiento y el incremento de precios de productos básicos. En La Paz incluso se registraron momentos de tensión durante la venta de pollo subvencionado, en medio de denuncias por reventa y escasez.
