Las primeras advertencias sobre posibles problemas en la calidad de los combustibles se remontan a 2022, tres años antes de que el caso de la gasolina desestabilizada se convirtiera en un conflicto nacional. Así lo establece el informe final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que revisó los antecedentes del caso.
Durante la investigación, la comisión recogió el testimonio de la Asociación de Surtidores (Asosur), que señaló que el problema no era reciente y afirmó que desde 2022 se presentaron denuncias ante el Ministerio de Hidrocarburos relacionadas con la calidad del combustible.
Los legisladores revisaron cerca de 2.000 fojas de documentación, entre contratos, informes técnicos, actas, resultados de laboratorio y declaraciones de autoridades, exautoridades, técnicos y representantes de empresas involucradas en la importación y distribución de carburantes.
El informe concluye que las irregularidades no responderían a un hecho aislado, sino a una serie de fallas técnicas, administrativas y de supervisión acumuladas durante varios años. Según la comisión, los controles existentes no permitieron detectar a tiempo posibles alteraciones en la calidad del combustible.
Otro de los aspectos observados son las contradicciones entre las diferentes explicaciones entregadas por las autoridades durante la crisis. La investigación también identificó deficiencias en los procedimientos de control y coordinación entre las instituciones responsables de fiscalizar los carburantes.
La comisión analizó además la trazabilidad del combustible, desde la contratación de proveedores internacionales hasta las etapas de almacenamiento, transporte, recepción y comercialización, con el objetivo de determinar dónde pudieron originarse las irregularidades que posteriormente afectaron a miles de vehículos.
Como resultado, el informe identificó a más de medio centenar de funcionarios y exautoridades que podrían haber tenido algún grado de participación por acción u omisión. El documento recomienda remitir los antecedentes a las instancias correspondientes para establecer posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
