El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, reconoció este miércoles al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, como “presidente constitucional” ante la ausencia del presidente Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara.
Mariaca realizó esta declaración al referirse a los viajes oficiales de Paz a Estados Unidos y de Lara a Paraguay, situación que generó un debate sobre la sucesión presidencial.
“Saludar al presidente de la Cámara de Senadores y, como yo le decía anoche, presidente constitucional del día de hoy en Bolivia, porque para mí lo es eso”, afirmó Mariaca.
El fiscal general sostuvo que, ante la ausencia simultánea de las dos primeras autoridades del Estado, correspondería aplicar la sucesión prevista en la Constitución y asumiría la autoridad que ocupa la Presidencia del Senado.
“No estando el presidente ni el vicepresidente, quien asume es el vicepresidente del Senado de nuestro país”, señaló.
La declaración de Mariaca se produce luego de que Lara se proclamara presidente en ejercicio el lunes, ante el viaje de Rodrigo Paz a Estados Unidos.
Posteriormente, Lara dejó a Diego Ávila al frente de la Asamblea Legislativa durante su misión oficial en Paraguay.
La situación generó una controversia entre autoridades y sectores políticos sobre quién debe ejercer la conducción del país durante la ausencia del presidente y vicepresidente.
El debate también está relacionado con la interpretación de las normas de sucesión presidencial y el alcance del Decreto Supremo 5515.
Dicha norma permite al presidente Rodrigo Paz ejercer funciones mediante medios digitales desde el exterior, según los antecedentes mencionados en la información.
Desde Nueva York, Paz informó que encabezó una reunión virtual de gabinete mientras se encuentra fuera del territorio nacional.
La posición expresada por Mariaca incorpora al Ministerio Público al debate sobre la interpretación de la sucesión presidencial durante la ausencia de las principales autoridades del Estado.
El escenario continuará siendo analizado mientras Paz y Lara cumplen sus respectivas actividades oficiales fuera del país.
La controversia se centra ahora en el alcance de las disposiciones constitucionales y legales aplicables a la conducción del Estado durante la ausencia del presidente y vicepresidente.
