El Gobierno nacional y el Órgano Judicial expresaron este miércoles su respaldo al comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, luego de que se difundiera un audio en el que denuncia una presunta conspiración interna para destituirlo mediante la recolección de dos millones de dólares entre varios oficiales.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, manifestó el apoyo del Ejecutivo al jefe policial y aseguró que Sokol impulsa una lucha frontal contra la corrupción dentro de la institución. Señaló que las investigaciones que desarrolla afectan intereses vinculados con actividades ilícitas.
Gálvez sostuvo que la filtración del audio habría incomodado a personas que, según afirmó, estaban acostumbradas a operar en un entorno favorecido por el narcotráfico, por lo que ratificó el respaldo del Gobierno a las acciones emprendidas por el comandante policial.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, afirmó que las declaraciones de Sokol deben ser tomadas con seriedad debido a su condición de máxima autoridad de la Policía Boliviana.
Saucedo advirtió que las organizaciones criminales y el narcotráfico habrían logrado infiltrarse en distintas instituciones públicas, situación que calificó como preocupante y que, a su juicio, requiere una respuesta firme del Estado.
El martes, Mirko Sokol confirmó la autenticidad del audio filtrado y explicó que la grabación fue realizada sin su consentimiento durante una reunión interna de carácter doctrinario con oficiales de la Policía.
En esa oportunidad, el comandante denunció la existencia de una supuesta conspiración para apartarlo del cargo y aseguró que el narcotráfico ha logrado penetrar no solo la institución policial, sino también otros niveles del Estado mediante redes de corrupción.
Asimismo, Sokol señaló que algunas de estas estructuras tendrían vínculos con el entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, aspecto que, según indicó, forma parte de las investigaciones que desarrolla la institución.
El caso también derivó en una denuncia presentada por el vicepresidente y exoficial de Policía Edmand Lara contra el comandante general, mientras continúan las investigaciones sobre las declaraciones realizadas por la máxima autoridad policial.
