El Gobierno advirtió que podría recurrir al estado de excepción ante eventuales medidas de presión que considere contrarias al orden democrático, en medio de los anuncios de movilización surgidos tras la eliminación de la subvención al diésel.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que octubre pertenece a una etapa de conflictos sociales del pasado y sostuvo que Bolivia atraviesa un nuevo ciclo.
Sin embargo, afirmó que cualquier organización o persona que busque generar un nuevo conflicto sin recurrir al diálogo podría perseguir otros objetivos, según la posición expresada por el Ejecutivo.
Zamora hizo referencia a los 53 días de crisis registrados durante mayo y junio y sostuvo que, ante eventuales acciones que el Gobierno considere desestabilizadoras o antidemocráticas, se aplicaría el estado de excepción vigente.
La autoridad también vinculó la advertencia con las nuevas movilizaciones anunciadas después de la eliminación de la subvención al diésel y el incremento del precio del combustible a Bs 17,95 por litro.
La decisión generó rechazo en distintos sectores, principalmente entre organizaciones del transporte, que comenzaron a adoptar medidas de presión en algunas ciudades.
Los choferes determinaron además que desde el lunes 28 de septiembre realizarán un repliegue de vehículos a nivel nacional, en demanda de la abrogación del decreto que eliminó la subvención al diésel.
Zamora cuestionó esta modalidad de protesta y señaló que el repliegue representa también una pérdida económica para los propios transportistas al significar menos jornadas de trabajo.
El ministro aseguró que el Gobierno mantiene abiertas las puertas del diálogo y afirmó que desde el domingo se desarrollan reuniones con diferentes sectores para analizar los efectos de las medidas económicas.
“Estamos con toda la predisposición de sentarnos con el autotransporte y llegar a acuerdos en beneficio de la población”, sostuvo Zamora.
La autoridad indicó que el objetivo de las negociaciones es encontrar acuerdos con los sectores involucrados, mientras continúan las protestas y demandas relacionadas con el precio del diésel.
El Gobierno sostiene que el diálogo debe ser la vía para resolver las diferencias, aunque mantiene la advertencia sobre la aplicación del estado de excepción frente a eventuales acciones que considere contrarias al orden constitucional.
Mientras se aproxima octubre, las organizaciones sociales y del transporte continúan evaluando nuevas medidas, mientras el Ejecutivo busca evitar que el conflicto derive en interrupciones de la circulación y otras actividades.
