La Procuraduría General del Estado identificó cinco presuntas irregularidades en un proceso de contratación ejecutado por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y advirtió un posible daño económico superior a $us 24,3 millones. El proyecto involucrado no llegó a operar y, según la entidad, no está generando los resultados esperados para el Estado.
El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, informó que la Procuraduría y YLB trabajaron de manera conjunta para establecer los hechos observados y determinar posibles responsabilidades. El informe fue concluido y será remitido al Ministerio Público para que evalúe la apertura de una investigación y las acciones correspondientes.
Entre los principales hallazgos se encuentra la existencia de inconsistencias en la evaluación del Formulario A6, relacionado con el equipo mínimo comprometido para la ejecución de la obra. Según la Procuraduría, parte del equipo ofertado no llegó a completarse durante el desarrollo del proyecto.
También se detectó una modificación de los criterios de evaluación después de la apertura de las propuestas, además de la asignación de puntajes que, de acuerdo con el informe, no tendría respaldo suficiente en los rangos establecidos en la convocatoria. La entidad considera que estas decisiones habrían respondido a criterios subjetivos de funcionarios involucrados en el proceso.
Otro de los puntos observados es que la contratación avanzó sin una certificación presupuestaria que acreditara la disponibilidad de recursos estatales para financiar el proyecto. A ello se suma una presunta adjudicación predeterminada, aspectos que, según la Procuraduría, podrían configurar hechos susceptibles de investigación penal.
En cuanto al perjuicio económico, León explicó que existe una diferencia de $us 874.251 entre la propuesta adjudicada a la empresa Gerimex y la oferta de otra compañía que fue descartada. Sin embargo, aclaró que la Procuraduría no limita el posible daño a esa diferencia, debido a que considera el costo total de un proyecto superior a $us 24,3 millones que actualmente no permite recuperar los recursos invertidos.
