El fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, comenzó la evaluación de perfiles para renovar las nueve fiscalías departamentales durante los 90 días que tiene de gestión. La autoridad señaló que busca reorganizar el Ministerio Público y pidió a los actuales fiscales departamentales poner sus cargos a disposición de manera transparente.
Urioste indicó que se analizarán los perfiles de quienes podrían permanecer o asumir nuevas funciones, priorizando profesionales idóneos y sin denuncias ni antecedentes relacionados con narcotráfico o extorsión. La evaluación comenzó en la Fiscalía de La Paz y anunció un viaje a Sucre para revisar documentación e información institucional.
El fiscal interino prevé completar la próxima semana las designaciones de los nueve fiscales departamentales. Aclaró que estas decisiones no constituyen todavía un proceso de institucionalización mediante concursos de méritos y exámenes de competencia, debido al corto plazo de su gestión, aunque afirmó que buscará incorporar abogados con trayectoria y buenos perfiles.
En Santa Cruz, Urioste afirmó que la Fiscalía Departamental permanece acéfala y desconoció la designación de Mabel Andrade realizada por Luis Montaño tras la detención de Roger Mariaca y Alberto Zeballos. Ante versiones sobre una posible designación del abogado Martín Camacho, evitó confirmar el nombre y anticipó cambios en las próximas designaciones.
Mientras se desarrolla esta reorganización, el constitucionalista José Luis Santistevan planteó un proyecto para que los fiscales departamentales sean elegidos por las Asambleas Legislativas Departamentales mediante procesos públicos y meritocráticos. La propuesta busca reformar la Ley 260 del Ministerio Público y, según su impulsor, no requiere modificar la Constitución.
Urioste aseguró que la revisión de la institución no significará paralizar procesos ni intervenir las fiscalías y descartó una “cacería de brujas”, aunque señaló que se investigarán denuncias concretas. También anunció auditorías y seguimiento de casos, y reconoció que los 90 días de gestión no serán suficientes para transformar completamente el Ministerio Público, pero sí para dejarlo “ordenado”.
