El fiscal general interino, José Armando Urioste, dispuso la designación de fiscales departamentales en suplencia en los nueve departamentos del país, como parte de la reorganización del Ministerio Público. La medida se formalizó mediante un instructivo emitido el 7 de octubre, después de que varios titulares presentaran sus renuncias o pusieran sus cargos a disposición.
En Santa Cruz fue confirmada Mabel Sandra Andrade Molina, quien asumirá la jefatura departamental en reemplazo de Alberto Zeballos, detenido preventivamente en Cochabamba. La nómina de autoridades en suplencia también incluye a Carmen Rosa Encinas, en Chuquisaca; Yolanda Tania Alfaro Castellón, en La Paz; Casilda García Rocha, en Cochabamba; Pablo Daniel Manrique Videla, en Potosí; Aldo Ángel Morales Alconini, en Oruro; Miguel Ángel Tapia Paz, en Tarija; Olga Lidia Julio Córdova, en Beni; y Patricia Tania Romero Sardán, en Pando.
Urioste asumió el cargo de fiscal general interino el 5 de octubre y anunció que buscará transparentar el trabajo del Ministerio Público. Los cambios se producen tras la salida de Róger Mariaca, quien permanece con detención preventiva en el penal de Cantumarca, Potosí, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico. Las designaciones actuales son temporales y no representan la elección definitiva de los fiscales departamentales.
Paralelamente, la Asamblea Legislativa debe iniciar el procedimiento para elegir al fiscal general titular, quien ejercerá funciones durante seis años. El interinato de Urioste tiene un plazo máximo de 90 días, por lo que la Comisión Mixta de Justicia Plural deberá encaminar la convocatoria y definir las etapas correspondientes dentro del periodo establecido.
Entre los primeros asuntos por resolver está determinar si el proceso puede comenzar mediante una resolución del pleno legislativo o si será necesaria una ley específica que establezca los requisitos y procedimientos. El diputado Carlos Alarcón informó que se convocó al presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural para iniciar las gestiones destinadas a la designación de la nueva autoridad. Como antecedente, la última selección se desarrolló bajo la Ley 1579, promulgada en agosto de 2024.
Por otra parte, el Comité pro Santa Cruz respalda una propuesta para que las asambleas legislativas departamentales, con participación de la sociedad civil, intervengan en la elección de los fiscales regionales. Su presidente, Stello Cochamanidis, sostuvo que cada departamento debería elegir a su autoridad fiscal mediante su propia asamblea. La iniciativa plantea modificar el sistema actual, en el que las designaciones departamentales dependen de la Fiscalía General del Estado.
