Organizaciones sociales y sindicales reunidas en el primer cabildo nacional realizado este jueves en Sucre exigieron al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 5716. También demandaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional eliminar la renta vitalicia y otros beneficios de los exmandatarios, reducir en un 50% los salarios de las principales autoridades nacionales y subnacionales, y suprimir los gastos reservados y viáticos.
La concentración reunió a gremiales, juntas vecinales, obreros, campesinos, maestros, transportistas y otros sectores, que marcharon desde distintos puntos de la ciudad hasta la exestación Aniceto Arce. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca, Marcelo Torres, informó que el cabildo autorizó organizar una marcha nacional hacia La Paz, en coordinación con el Bloque del Sur, para exigir una respuesta del Ejecutivo.
La propuesta de movilización nacional se impuso a la iniciativa de realizar un paro departamental de 24 horas en Chuquisaca. Según Torres, la decisión busca evitar que las medidas de presión agraven la situación económica de la población. El dirigente adelantó que el plazo para que el Gobierno responda será analizado junto con representantes de Tarija y Potosí, aunque consideró que no debería superar una semana.
Durante el encuentro, Torres cuestionó que los expresidentes reciban rentas vitalicias superiores a los Bs 30.000, mientras una parte de la población no alcanza el salario mínimo nacional. Asimismo, sostuvo que las medidas de ajuste económico también deben alcanzar a las autoridades, cuyos ingresos, afirmó, están alejados de la realidad de la mayoría de los ciudadanos.
Por su parte, el ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores del Magisterio Urbano de Chuquisaca, Francisco Rocha, advirtió que la eliminación de la subvención a los combustibles podría generar mayores efectos en los próximos meses, cuando pequeños y medianos productores trasladen el incremento de sus costos a los precios de los alimentos. El dirigente alertó sobre el riesgo de una crisis alimentaria que afecte principalmente a los sectores más vulnerables. En tanto, Jorge Luis Chavarría, representante de las comunidades campesinas de la provincia Oropeza Primera, expresó preocupación por el panorama económico y advirtió que podrían venir días más difíciles.
El cabildo también estuvo marcado por la ausencia del Comité Cívico y de la Junta de Padres de Familia, instituciones que decidieron no participar debido a diferencias de criterio con sectores como la Central Obrera Departamental y el magisterio. Mientras las organizaciones preparan la coordinación de la marcha hacia La Paz, sus demandas se centran en la abrogación del decreto, la reducción de gastos estatales y medidas que, consideran, deben contribuir a aliviar la situación económica de la población.
