El exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, reapareció públicamente para defender el proceso de reordenamiento económico impulsado por el Gobierno de Rodrigo Paz. Sostuvo que la contracción de la economía boliviana responde principalmente a la reducción del gasto público y afirmó que el menor crecimiento representa un costo de corto plazo para ordenar las finanzas estatales.
Espinoza explicó que una parte del gasto eliminado correspondía a empresas públicas deficitarias y determinadas obras públicas que, a su criterio, no generaban resultados eficientes. Mencionó como ejemplos la construcción de canchas y coliseos, y señaló que reducir estas inversiones necesariamente tendría un efecto sobre las cifras de crecimiento económico, debido a su participación en la actividad registrada del país.
El exministro consideró que la desaceleración actual no significa necesariamente un deterioro estructural de la economía, sino que forma parte de un proceso de ajuste. Según su análisis, la reducción del gasto público puede afectar la actividad durante este año, pero permitiría establecer condiciones para una recuperación posterior, con un mayor protagonismo de las empresas privadas y la inversión productiva.
En relación con la política cambiaria y fiscal, Espinoza afirmó que el diagnóstico del Banco Mundial coincide con la necesidad de ordenar las cuentas públicas. También destacó la estabilización del tipo de cambio y la transición hacia un régimen cambiario flotante, aspectos que considera parte de los cambios económicos en curso. No obstante, sus declaraciones corresponden a su valoración sobre las medidas y sus posibles efectos.
Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la disponibilidad de nuevos recursos de financiamiento, el exministro planteó que los fondos deben destinarse a sectores prioritarios para la población. En ese sentido, sostuvo que el gasto público debería concentrarse en salud, educación y protección social, en lugar de mantener políticas que, según su criterio, generaron distorsiones económicas y favorecieron actividades como el contrabando.
Finalmente, Espinoza proyectó que los efectos positivos del reordenamiento podrían observarse en un plazo de dos a tres años, siempre que las medidas permitan reactivar la economía privada. También anticipó que el presupuesto de la próxima gestión debería priorizar la atención social. Sus proyecciones se producen en un contexto en el que el país enfrenta el desafío de equilibrar la reducción del gasto estatal con la recuperación de la actividad económica y la protección de los sectores más vulnerables.
