El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5749, que establece un mecanismo para denunciar presuntas extorsiones y cobros ilegales atribuidos a jueces, fiscales, magistrados, policías y funcionarios de Derechos Reales. La norma, firmada el 13 de octubre, busca facilitar las denuncias contra servidores públicos que soliciten dinero, favores o beneficios a cambio de manipular procesos judiciales o trámites administrativos.
La disposición asigna al Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, la recepción, el registro, la canalización y el seguimiento de los casos. Las denuncias podrán referirse a exigencias de pagos para admitir una denuncia, acelerar una investigación, retrasar un trámite o favorecer determinadas actuaciones. El mecanismo también alcanza a exservidores públicos de las instituciones señaladas.
Las personas afectadas podrán presentar sus denuncias en las oficinas centrales o enlaces departamentales del Viceministerio, así como mediante la plataforma digital que se habilite. El decreto establece un plazo máximo de cinco días hábiles desde su publicación para difundir la ubicación de las oficinas, los enlaces y las direcciones de acceso al sistema. Sin embargo, la norma no fija un plazo específico para resolver cada caso ni detalla todos los documentos que deberán presentarse.
Uno de los principales componentes del decreto es la protección de la identidad de los denunciantes, que podrá otorgarse a solicitud expresa o de oficio, conforme a la normativa vigente. Cuando se aplique la reserva, los datos personales serán sustituidos por un código alfanumérico confidencial y permanecerán bajo custodia del Viceministerio. El acceso no autorizado a esta información podrá generar responsabilidades penales y administrativas.
Después de recibir una denuncia, la entidad deberá revisar los requisitos formales y determinar qué instancia corresponde para su atención. Según las características del caso, podrá remitir los antecedentes a las unidades disciplinarias de las instituciones involucradas o al Ministerio Público, cuando existan elementos que ameriten evaluar una investigación penal. El Viceministerio también podrá actuar como coadyuvante o querellante en procesos penales, de acuerdo con las atribuciones legales.
El decreto establece que este mecanismo no autoriza al Ejecutivo a revisar decisiones judiciales, suspender plazos ni interferir en las funciones de las instituciones investigadas. La reserva de identidad durante un proceso penal dependerá de las medidas que dispongan las autoridades competentes. La norma se aprueba en medio de cuestionamientos sobre presunta corrupción en el sistema judicial y se suma al Decreto Supremo 5706, orientado a fortalecer las acciones estatales contra la corrupción.
