Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, manifestó su “profunda preocupación” por los decretos supremos 5673 y 5675 del Gobierno boliviano. Según advirtió, ambas normas podrían limitar derechos fundamentales e incrementar el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil.
En una comunicación dirigida al Gobierno, Romero señaló que las disposiciones podrían establecer restricciones a la libertad de asociación incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. La relatora pidió aclaraciones sobre la aplicación de estas normas y las garantías previstas para proteger la independencia de las organizaciones.
El Decreto Supremo 5673 crea el Registro Único Nacional (RUN), de cumplimiento obligatorio para organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras que operan en el país. La representante de Naciones Unidas cuestionó las exigencias administrativas, las facultades de supervisión estatal y la ausencia de criterios precisos para aplicar medidas correctivas o suspender registros.
Romero advirtió que estas disposiciones podrían generar inseguridad jurídica y abrir la posibilidad de decisiones discrecionales contra organizaciones críticas, defensoras de derechos humanos o dedicadas a combatir la corrupción. También observó que la falta de procedimientos claros para suspender o revocar registros podría afectar la autonomía de las asociaciones.
Respecto al Decreto Supremo 5675, que redistribuye competencias gubernamentales vinculadas con la personalidad jurídica y la cooperación internacional, la relatora cuestionó que las asociaciones puedan verse condicionadas a los planes oficiales o a las prioridades estratégicas del Estado. A su criterio, estas exigencias podrían limitar la independencia con la que las organizaciones desarrollan sus actividades.
La representante de la ONU recordó que cualquier restricción a la libertad de asociación debe cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, alertó sobre la falta de un régimen de transición que evite la duplicación de trámites y los retrasos administrativos, y solicitó al Gobierno información sobre la compatibilidad de ambos decretos con las obligaciones internacionales de Bolivia, las medidas de protección para la sociedad civil y los mecanismos disponibles para impugnar posibles vulneraciones de derechos.
