El directorio de Manufactura Boliviana S.A. (Manaco) explicó este jueves 5 de noviembre las razones económicas que llevaron a la decisión de cerrar definitivamente las operaciones productivas de la fábrica, ubicada en Quillacollo, Cochabamba. Durante una conferencia de prensa, César Vargas, representante del Directorio, aseguró que la caída de la producción, el incremento de los costos de fabricación y las pérdidas acumuladas hicieron inviable mantener en funcionamiento la planta.
Según los datos presentados por Vargas, la producción pasó de 1,91 millones de pares de calzados en 2019 a 764.000 pares en 2025, lo que representa una disminución del 60%. Al mismo tiempo, el costo de fabricación de cada par aumentó de Bs 68,48 a Bs 160,04, sin incluir gastos comerciales, administrativos ni financieros.
El representante informó que las pérdidas acumuladas superan los Bs 150 millones desde la pandemia. Asimismo, señaló que el patrimonio de la empresa disminuyó de Bs 248,1 millones en 2019 a Bs 52,2 millones en septiembre de 2026, reflejando el deterioro de su situación financiera.
Respecto a las consecuencias laborales, Vargas indicó que alrededor de 550 trabajadores se encuentran afectados por la decisión. Aseguró que la empresa cumplirá con el pago del 100% de las indemnizaciones y beneficios sociales establecidos por ley, además de preparar un paquete económico adicional. También manifestó que cada trabajador podrá revisar el cálculo de sus beneficios y plantear sus consultas.
El representante del Directorio fue enfático al señalar que la determinación no será revertida: “La decisión de cerrar las operaciones productivas es irrevocable”, afirmó. No obstante, expresó su disposición a retomar el diálogo con el sindicato para coordinar el proceso de cierre y atender las inquietudes de los trabajadores y sus familias.
Por su parte, los trabajadores mantienen su rechazo a la clausura de la planta y continúan movilizados en defensa de sus fuentes laborales. Entre sus planteamientos está la posibilidad de asumir la administración de la industria, mientras que la Central Obrera Boliviana y organizaciones fabriles han solicitado información financiera que respalde las pérdidas argumentadas por la empresa.
En una declaración adicional, Vargas descartó entregar la fábrica a los trabajadores y sostuvo que los activos de Manaco serán utilizados para cubrir las obligaciones pendientes, incluidos los compromisos con el personal, entidades financieras y proveedores.
La controversia mantiene en tensión a uno de los sectores industriales emblemáticos de Cochabamba, con dos posiciones enfrentadas: el Directorio sostiene que la producción dejó de ser económicamente viable, mientras los trabajadores buscan alternativas para evitar el cierre y preservar sus empleos.
