La situación judicial de Tatiana Marset, hermana de Sebastián Marset, vuelve a generar cuestionamientos sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales y los mecanismos de control de las medidas cautelares. Al 9 de noviembre de 2026, la investigada acumulaba 82 días fuera del penal de Palmasola, mientras permanece internada en una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra por complicaciones de salud alegadas por su defensa.
Marset salió del recinto penitenciario el 19 de agosto de 2026, luego de obtener el beneficio de detención domiciliaria con escolta policial. La medida le permitía salir durante el día para estudiar Derecho, pero establecía restricciones específicas, entre ellas la obligación de permanecer en su domicilio entre las 20:00 y las 06:00 del día siguiente.
Sin embargo, su situación cambió el pasado 19 de octubre, cuando el Tribunal Segundo de Sentencia revocó la detención domiciliaria y dispuso que retornara al penal de Palmasola para cumplir detención preventiva dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de tráfico de armas.
La decisión judicial fue asumida después de que la Fiscalía solicitara la revocatoria del beneficio, argumentando presuntos incumplimientos de las condiciones impuestas por la autoridad jurisdiccional. De acuerdo con los reportes del Ministerio Público, los informes policiales señalaban que Marset habría salido de su domicilio fuera de los horarios permitidos.
La audiencia se desarrolló en la clínica privada donde permanece internada, debido a que su defensa argumentó que su estado de salud no le permitía trasladarse hasta una sede judicial. La determinación estableció que debía regresar a Palmasola una vez que recibiera el alta médica.
La situación médica de la investigada se convirtió entonces en el principal factor que impide ejecutar el retorno al recinto penitenciario. Su abogada, Mónica Terrazas, informó que su defendida fue sometida a una intervención quirúrgica debido a una presunta hemorragia interna. Según la versión de la defensa, durante el procedimiento se habría extraído cerca de un litro y medio de sangre y coágulos. También se mencionaron una intervención por apendicitis y la existencia de lesiones tumorales.
Estos diagnósticos fueron expuestos públicamente por la defensa y los médicos tratantes; sin embargo, su alcance y la necesidad de prolongar la internación requieren una valoración médica especializada e independiente. Por ello, la intervención del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) resulta importante para establecer objetivamente si existe un impedimento médico que justifique mantenerla hospitalizada.
El 22 de octubre, el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, informó que los informes elaborados por los médicos tratantes serían remitidos a especialistas forenses del Ministerio Público. Explicó que estos profesionales debían determinar si la documentación presentada era suficientemente sólida para justificar la continuidad de la internación o si correspondía ejecutar el traslado inmediato al centro penitenciario.
En esa oportunidad, la Fiscalía también confirmó que ya existía un mandamiento de detención preventiva, pero que todavía no podía materializarse debido a que Tatiana Marset permanecía internada. La autoridad señaló que, si la evaluación forense no encontraba motivos suficientes para prolongar su hospitalización, se procedería con el traslado a Palmasola.
No obstante, hasta la información pública que se pudo verificar no se encontró una comunicación oficial que detalle el resultado definitivo de esa valoración médico-forense ni una fecha concreta para ejecutar el retorno de la investigada al penal.
El caso también tuvo otros antecedentes judiciales. El 12 de octubre, Marset no se presentó a una audiencia y fue declarada rebelde, con una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, el 13 de octubre, la Justicia concedió una acción de libertad que dejó sin efecto esa declaratoria y el mandamiento de aprehensión, después de valorar la documentación médica presentada por su defensa. Esta determinación fue anterior a la revocatoria de la detención domiciliaria del 19 de octubre.
La permanencia de la investigada en una clínica privada, pese a la decisión judicial que ordena su retorno a Palmasola una vez que reciba el alta médica, plantea interrogantes sobre los mecanismos de seguimiento y control de las resoluciones judiciales. La discusión no debería centrarse en desconocer el derecho a la salud de una persona privada de libertad, sino en garantizar que las razones médicas sean verificadas y que las decisiones de los tribunales se cumplan conforme a la ley.
En este contexto, quedan varias preguntas pendientes: ¿El IDIF concluyó la evaluación de los informes médicos? ¿Se confirmó la gravedad de las complicaciones de salud y la necesidad de mantener la internación? ¿Qué instancia está realizando el seguimiento para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial? ¿Cuándo se hará efectivo el retorno de Tatiana Marset a Palmasola?
También corresponde establecer qué procedimiento se aplicaría si una evaluación médica independiente determinara que ya no existe impedimento para su traslado. La respuesta debe estar sustentada en informes profesionales y decisiones judiciales, no en especulaciones.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las medidas cautelares se apliquen con criterios objetivos y sin privilegios. El derecho a la salud debe ser garantizado para todas las personas, pero también debe existir transparencia en las evaluaciones médicas y responsabilidad institucional para hacer cumplir las resoluciones de la Justicia.
La ciudadanía espera respuestas de las autoridades competentes, especialmente del Ministerio Público y de las instancias encargadas de supervisar el cumplimiento de las medidas judiciales. La transparencia en este proceso será fundamental para despejar dudas y evitar que la falta de información alimente cuestionamientos sobre un posible trato desigual ante la ley.
