La diputada Catherine Pinto, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), planteó la realización de un referéndum nacional para que la ciudadanía decida si el magisterio debe convertirse en una profesión libre. La propuesta surge en medio del conflicto entre el Gobierno y los maestros urbanos, marcado por movilizaciones, paros y el rechazo del sector docente a la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos hacia las gobernaciones departamentales.
La legisladora sostuvo que el debate sobre la educación debe priorizar el derecho de niñas, niños y jóvenes a recibir una formación de calidad. En ese sentido, consideró que la población debería tener la oportunidad de pronunciarse sobre el futuro del ejercicio docente y los cambios que podrían implementarse en el sistema educativo boliviano.
Durante sus declaraciones, Pinto cuestionó el desempeño de una parte del sector docente y afirmó que algunos maestros se habrían acomodado a lo que denominó la “ley del mínimo esfuerzo”, situación que, según su criterio, repercute negativamente en la formación de los estudiantes. Sin embargo, aclaró que su crítica no está dirigida a todos los educadores y reconoció que también existen maestros comprometidos con su labor.
La diputada también expresó cuestionamientos al funcionamiento de las organizaciones sindicales del magisterio, a las que atribuyó la generación de espacios de poder y relaciones de clientelismo. Desde su perspectiva, considera necesario abrir una discusión sobre el papel de los sindicatos y su influencia en las decisiones relacionadas con el sistema educativo.
La propuesta de referéndum se conoce en un momento de tensión entre el Gobierno y la dirigencia del magisterio urbano. El principal motivo de las movilizaciones es el rechazo a la iniciativa gubernamental de transferir a las gobernaciones departamentales la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos.
Los maestros urbanos sostienen que el Gobierno debe respetar los compromisos asumidos anteriormente y recuerdan un acta firmada el 16 de mayo, en la que, según la dirigencia sindical, se habría acordado no avanzar con la descentralización educativa. Por ese motivo, el sector instaló medidas de presión, entre ellas huelgas de hambre, marchas y un paro nacional de 48 horas los días 9 y 10 de noviembre.
Por su parte, el Gobierno defiende que la propuesta está dirigida a mejorar la administración de la educación técnica superior y no implica privatizar estos centros ni modificar la educación regular. El director del Servicio Estatal de Autonomías, Alfonso Lema, explicó que el planteamiento contempla ampliar las competencias de los gobiernos departamentales en la gestión de los institutos, mientras que las políticas educativas y curriculares continuarían bajo responsabilidad del nivel central.
El Ejecutivo también planteó transferir cerca de 650 millones de bolivianos a las gobernaciones para cubrir los recursos humanos de estos establecimientos. El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, manifestó que el Gobierno espera retomar el diálogo con el magisterio para analizar la propuesta y buscar puntos de encuentro.
Mientras tanto, las movilizaciones continúan generando preocupación por la suspensión de actividades educativas y sus efectos sobre los estudiantes. El conflicto también ha involucrado a alumnos de institutos técnicos y tecnológicos, quienes expresaron su rechazo a la descentralización y participaron en algunas de las protestas.
En este escenario, la propuesta de Catherine Pinto introduce un nuevo debate sobre la estructura del magisterio, la libertad de ejercicio profesional, la organización sindical y la calidad de la educación en Bolivia. Sin embargo, hasta el momento se trata de un planteamiento de la legisladora y no de una convocatoria oficial a referéndum ni de una decisión aprobada para modificar el régimen docente.
La discusión abre interrogantes sobre las posibles reformas al sistema educativo, las condiciones de trabajo de los maestros, la evaluación del desempeño docente y las garantías para que los estudiantes reciban clases de manera continua. Por ahora, el conflicto entre el Gobierno y el magisterio mantiene como punto central la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos, mientras la propuesta de consulta ciudadana queda planteada para el debate público.
