Ayer, legisladores de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron una proposición acusatoria contra al presidente Arce por este caso. La denuncia será presentada ante la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, entre otros.
Alcón aseguró que el presidente Arce en este procedimiento cumplió con la Constitución y las leyes.
“Nos hemos basado y hemos tomado acciones en el marco de la normativa vigente, de nuestra Constitución Política del Estado, por tanto, no amerita (el juicio de responsabilidades)”, dijo Alcón.
El martes 27 de junio, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) censuró al Ministro de Gobierno tras la interpelación sobre el “tráfico de vehículos robados en Chile y comercializados ilegalmente en Bolivia”. El titular de Interior fue censurado con votos de legisladores evistas y de la oposición.
Cuando el plazo para un pronunciamiento del Gobierno se cumplía, el jueves 29 de julio, el presidente Arce primero destituyó a Del Castillo y luego lo volvió a posesionar en el cargo.
El mandatario argumentó en ese entonces que tomó esa decisión “escuchando el pueblo” y subrayó que “estamos obedeciendo ese mandado sin violar la Constitución Política del Estado”.
