El magisterio urbano de La Paz rechaza la intención del Ministerio de Educación de elevar a rango de ley los decretos supremos 1302 y 1320 por considerar que vulneran las garantías procesales establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE). En esta se determina que ningún maestro o ciudadano puede ser sancionado sin haber sido debidamente escuchado y procesado.
“Hay el criterio de la presunción de inocencia. Lamentablemente, con los decretos supremos 1302 y 1320, también con la Resolución Ministerial 374, se eliminan esos derechos constitucionales. A un maestro ante una sola denuncia, sin haber hecho el proceso correspondiente, es suspendido de su fuente de trabajo y aparte de ser suspendido le quitan su salario”, señaló el profesor José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano de La Paz.
