El Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es establecer mecanismos para asegurar el pago de la asistencia familiar y restricciones para las personas deudoras, como el acceso a cargos públicos y trámites, además de condicionamiento en los créditos bancarios.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, explicó que se decidió proyectar esta norma al advertir una desnaturalización del pago de asistencia familiar. “Lo que esta norma está asegurando es precautelar el derecho a la vida integridad, pero por sobre todo a que se cubran las necesidades básicas de las y los beneficiarios”, dijo.
Señaló que solo en el primer semestre de 2022 se registró más de 15 mil demandas relacionadas a la asistencia familiar y que, para finales de ese año, había 860 recluidos por el incumplimiento.
Cruz detalló que con esta norma se creará un Registro de Asistencia Familiar, con información de todas y todos los obligados por una resolución judicial al pago, para coadyuvar en la fase de ejecución de fallos.
