La Fiscalía acusó este lunes de «genocidio» a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, a tres exministros y varios exjefes militares y policiales por la muerte de una veintena de civiles durante la crisis de 2019 y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de prisión.
El fiscal general, Juan Lanchipa, informó que «se han concluido las investigaciones» en los casos de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y en Senkata, un barrio en la ciudad de El Alto, urbe vecina de La Paz, por lo que las comisiones de fiscales «se encuentran presentando» la acusación por esos sucesos ante los tribunales.
Lanchipa dijo que por las muertes en Sacaba (10) y Senkata (10) «se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad» por «genocidio», porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Tras conocer la acusación, Áñez criticó la acción del Ministerio Público y rechazó los cargos de genocidio que se le atribuyen.
