Las acusaciones contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se multiplican. Lo sindican de provocar y no frenar la crisis carcelaria por la muerte de ocho reos en dos meses, así como también de proteger al narcotráfico. Desde el oficialismo, los seguidores del presidente Luis Arce descartan que existan problemas en los centros penitenciarios y exigen a los legisladores del MAS que apoyan a Evo Morales y a los opositores que si tienen pruebas de que existe cobertura a la delincuencia, que denuncien los casos en la Fiscalía.
Entre enero y febrero ocho reos perdieron la vida en centros de reclusión del país. Siete en La Paz y uno en Pando. Todas las muertes se suscitaron por enfrentamientos entre reclusos, con uso de armas de fuego o punzocortantes.
