El proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes fue aprobado en la Comisión de Constitución de Diputados con ajustes como el agravar la pena a 25 años de cárcel para religiosas. Se espera que la próxima semana sea tratada en el pleno de Diputados, para su remisión al Senado.
El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, informó de la aprobación del proyecto de ley, en la sesión en la que estuvo el ministro de Justicia, Iván Lima, para explicar el contenido de la iniciativa legal enviada por el presidente Luis Arce.
El proyecto fue elaborado en respuesta a los delitos sexuales cometidos por religiosos y destapados como consecuencia de la publicación de las confesiones de pederastia del sacerdote jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, quien en su diario reveló que abusó sexualmente a más de 85 niños y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba.
Imprescriptibilidad de los delitos de violación y abuso contra niños y adolescentes y la constitución de una Comisión de la Verdad están entre algunas de las medidas.
También serán endurecidas las penas en caso de encubrimiento, como se denunció en los casos de pederastia revelados. Se prevé subir la pena de cuatro a ocho años de cárcel.
Los delitos sexuales tendrán una condena de 20 años, pero la pena subirá en caso de agravantes. “Cuando la violación sea cometida por un pastor, sacerdote, un miembro de una organización religiosa o por el guía espiritual tiene un agravante mayor que van desde los 20 a los 25 años de cárcel”, informó Jáuregui.
La Comisión de Constitución aprobó el proyecto en mayo y lo remitió al pleno de Diputados, donde se decidió devolver a la comisión para analizar e incorporar nuevas sugerencias que surgieron.
Jáuregui informó que este viernes remitirá el proyecto al pleno de Diputados y confía que sea agendado y tratado la próxima semana.
Para investigar los ilícitos de pederastia cometidos por religiosos se creará la Comisión de la Verdad, que estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Transparencia Institucional y Gobierno; los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el presidente del Consejo de la Magistratura; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional; el Fiscal General del Estado; el Procurador General del Estado y el Defensor del Pueblo.
