La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ratificó que el Decreto Supremo 5630 se encuentra plenamente vigente y que su aplicación es obligatoria e inmediata para todas las entidades financieras del país, por lo que no requiere ninguna reglamentación adicional para entrar en vigencia.
El pronunciamiento surge después de que varios consumidores financieros denunciaran que algunas entidades bancarias rechazaban o condicionaban la atención de solicitudes de refinanciamiento o reprogramación de créditos, argumentando que aún faltaba una normativa complementaria para ejecutar el decreto.
Ante esta situación, la ASFI aclaró que ninguna entidad de intermediación financiera puede negarse a recibir, evaluar o atender las solicitudes de alivio financiero presentadas por prestatarios afectados por los conflictos sociales, bloqueos de carreteras y otros eventos que impactaron su capacidad de pago durante las últimas semanas.
La institución recordó que, mediante las Cartas Circulares 1324/2026 y 1345/2026, instruyó a los bancos y entidades financieras adoptar las medidas necesarias para cumplir con el decreto, adecuar sus procedimientos internos y brindar información clara, oportuna y accesible a todos los usuarios del sistema financiero.
Asimismo, señaló que los prestatarios tienen el derecho de solicitar mecanismos de alivio financiero, como la reprogramación o refinanciamiento de sus obligaciones crediticias, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Decreto Supremo 5630.
La ASFI también advirtió que, en caso de que alguna entidad rechace una solicitud o argumente la falta de reglamentación para no atender al cliente, los usuarios deben presentar su reclamo ante el Punto de Reclamo de la entidad financiera correspondiente y comunicar el caso a las Defensorías del Consumidor Financiero o mediante la línea gratuita 800 103 103.
Finalmente, la entidad reguladora aseguró que continuará realizando tareas de supervisión y control para verificar el cumplimiento de la norma y anunció que asumirá las acciones correspondientes frente a cualquier incumplimiento que vulnere los derechos de los consumidores financieros.
