El rechazo al Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención del diésel para grandes consumidores, se extendió este lunes a nuevos sectores sociales y productivos, que anunciaron bloqueos, otorgaron plazos al Gobierno y advirtieron con movilizaciones.
La Confederación de Gremiales Bolivianos anunció una movilización nacional una vez concluya el estado de excepción y exigió la abrogación de la norma. A esta demanda se sumaron productores y organizaciones de distintos sectores.
En Beni, productores agropecuarios y organizaciones sociales de San Andrés anunciaron un bloqueo indefinido desde las 00:00 del miércoles en el Puente San Pablo, sobre la carretera Trinidad-Santa Cruz. En Potosí, productores de quinua realizaron un “tractorazo” y dieron 48 horas al Ejecutivo para abrogar el decreto.
En Cochabamba, las Seis Federaciones del Trópico ratificaron el reinicio de sus movilizaciones desde este miércoles. El Gobierno, por su parte, cuestionó estas medidas y defendió el ajuste al precio del diésel como una acción destinada, entre otros objetivos, a combatir el contrabando.
Mientras crece el rechazo al decreto, el Gobierno enfrenta nuevos movimientos internos. José Gabriel Espinoza desistió del amparo constitucional con el que buscaba revertir su censura y quedó confirmada su salida del Ministerio de Economía. Además, el viceministro Julio Héctor Linares Calderón presentó su renuncia irrevocable, con cese de funciones previsto para el 26 de agosto.
Ante las dificultades de abastecimiento, Amdecruz y YPFB acordaron un plan de emergencia para priorizar la distribución de combustible a municipios y al sector productivo, además de facilitar la importación privada.
