Desde 2015, Bolivia se ha convertido en un punto clave para la caza ilegal de jaguares, atrayendo a cazadores furtivos europeos y asiáticos que buscan obtener el «trofeo» más preciado en el tráfico de especies, según denuncian activistas de organizaciones defensoras de la fauna.
Las investigaciones revelan que en Bolivia se cazan aproximadamente 60 jaguares al año, la mayor cifra en toda Latinoamérica, de acuerdo con un informe de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas (CITES). La caza de estos animales es incentivada por traficantes como Noya, un veterinario que ofrecía paquetes de caza en portales como Online Hunting y African Hunting, con precios de hasta 10.000 euros por jaguar.
Otro de los actores en este delito es una red de traficantes chinos, acusada de exportar cientos de miles de colmillos de jaguar a Asia entre 2013 y 2018. En este mercado, los colmillos son utilizados como amuletos y las partes del cuerpo del animal tienen un alto valor en la medicina tradicional china.
Además de la caza furtiva, el jaguar enfrenta la amenaza de la deforestación. Según WWF, hasta 2015 Bolivia perdió 5,7 millones de hectáreas de bosques, dejando a estos felinos sin su hábitat natural. Como consecuencia, los jaguares se acercan a zonas ganaderas, lo que provoca conflictos con los productores, quienes los cazan para proteger su ganado.
Las investigaciones sobre la caza ilegal de jaguares continúan, aunque con obstáculos burocráticos y falta de acciones concretas por parte de las autoridades. Mientras tanto, Bolivia sigue siendo el principal destino para el tráfico de este majestuoso felino.
