Los incendios ya afectaron más de 7.500 hectáreas en Tarija y Santa Cruz, mientras proyectos para modificar las denominadas “leyes incendiarias” permanecen sin avance en la Cámara de Diputados.
Bolivia atraviesa una nueva etapa crítica por incendios forestales sin que hasta el momento se hayan concretado cambios a las normas señaladas por sectores ambientales como facilitadoras de quemas y desmontes. Mientras las llamas avanzan en distintas regiones, proyectos destinados a modificar estas disposiciones continúan paralizados en la Asamblea Legislativa.
Los reportes oficiales dan cuenta de que en el departamento de Tarija los incendios afectaron alrededor de 5.000 hectáreas en comunidades de los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado. Ante la magnitud de la emergencia, la Gobernación declaró situación de emergencia departamental y la Fiscalía abrió investigaciones para determinar responsabilidades.
En Santa Cruz, el incendio de mayor impacto se registra en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde aproximadamente 2.538 hectáreas fueron alcanzadas por el fuego. También se reportaron focos en Pailón, Porongo y San Matías, en un contexto marcado por fuertes vientos, escasez de agua y dificultades logísticas para los equipos de emergencia.
A estos eventos se sumaron reportes de incendios en la zona de Liriuni, próxima al Parque Nacional Tunari en Cochabamba, además de presencia de humo en La Paz.
En medio de esta situación, la diputada Cecilia Requena, de la alianza Unidad, cuestionó que los proyectos para eliminar las normas conocidas como “leyes incendiarias” no hayan avanzado en el Legislativo.
“Ni una sola ley incendiaria fue abrogada. Todas se han trancado en Diputados”, afirmó Cecilia Requena, diputada de Unidad.
La legisladora explicó que algunas iniciativas lograron aprobación en el Senado durante la anterior legislatura, pero quedaron detenidas en comisiones de la Cámara Baja sin llegar a una votación en el pleno.
Entre las normas observadas se encuentra la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, aprobada en 2019, que regula las quemas planificadas y establece sanciones administrativas para aquellas realizadas sin autorización. Según Requena, las multas previstas no tienen suficiente efecto disuasivo y, en algunos casos, serían asumidas por infractores como parte del costo para habilitar nuevas áreas.
“El problema cuando las sanciones no son suficientes es que la gente hasta prefiere pagar”, señaló Cecilia Requena.
Otra disposición cuestionada es la Ley 741, aprobada en 2015, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en determinadas propiedades y comunidades bajo procedimientos simplificados. El Senado aprobó una propuesta para su abrogación en 2024; sin embargo, la iniciativa aún no completó su tratamiento legislativo.
Requena sostuvo que la eliminación de estas normas debe complementarse con una nueva Ley de Bosques que incluya medidas de prevención, sanciones más efectivas e incentivos para actividades productivas sostenibles.
La diputada planteó promover alternativas como la agroforestería, la ganadería sostenible y la agricultura regenerativa para reducir el uso del fuego como mecanismo de expansión productiva.
La preocupación aumenta debido al antecedente de 2024, cuando Bolivia registró uno de los peores periodos de incendios de su historia, con 12,6 millones de hectáreas afectadas, según datos citados de Fundación Tierra.
Ante el inicio de una nueva temporada de riesgo, Requena advirtió que factores como la sequía, los vientos intensos y el cambio climático pueden agravar la situación, por lo que pidió fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y coordinación entre instituciones.
Mientras continúan los debates legislativos sobre las normas cuestionadas, brigadas de emergencia mantienen las labores de control en las zonas afectadas por el fuego.
