- El Alto, 26 marzo 2022
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En los últimos años, a nivel nacional son más de 5 mil los trabajadores fabriles despedidos que no pueden reincorporarse por la acción de consorcios de: empleadores, jueces, vocales, magistrados, fiscales y policías. Tenemos más de 10.000 familias afectadas por este tráfico que burla la Ley y aumenta la desgracia.
En declaraciones a ANC, el secretario ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia CGTFB, Mario Quispe calificó al sistema judicial boliviano: “mercantilizado y podrido”, como en épocas liberales. “Los trabajadores estamos muy molestos y en emergencia, no nos callaremos y tomaremos acciones”, advirtió.
Quispe ratificó los datos de ANC, de 5 mil trabajadores despedidos que no pueden ser reincorporados, por fallos contradictorios de jueces y Tribunal Constitucional, Laudos Arbitrales favorables a trabajadores anulados por jueces o vocales judiciales, criterio jurídico dispar y aplicación discrecional de la Ley.
A ello suma la acción negligente de fiscales, policías y administrativos, que priorizan argucias para evitar que sentencias de reincorporación o de pago salarial adeudado y favorecer a empleadores. Ejemplos de estas negligencias son los fallos del TCP 1637/12; 261/13 y 136/18 S3, la carta 72/2022 del Tribunal de Justicia La Paz según la cual esas sentencias “impiden ejecutar sentencias que favorecen a trabajadores”.
Peor aún, trabajadores despedidos, sus familias, dirigentes, y abogados laboralistas, “peregrinamos por juzgados, fiscalías, y oficinas de los Tribunales nacionales, Constitucional y Supremo de Justicia, en busca de justicia que no encontramos”, indicó Quispe.
Respecto a la carta 72/2022 dirigida a la COB por el Tribunal Departamental de Justicia La Paz, firmada por su presidente Eddy Arequipa y el Decano Iván Campero, el ejecutivo de la CGTFB indicó: “esos señores y todas las autoridades judiciales y de fiscalías deben ser, removidos y enjuiciados; que asuman responsabilidad porque trafican con la desgracia de los trabajadores y sus familias”.
Quispe responsabilizó a esas autoridades judiciales, que aplican leyes civiles, comerciales y penales, para casos de estricta justicia laboral, y les preguntó: “¿cuántos malos empresarios están en la cárcel, de esos que incumplen con reincorporación por sentencia judicial, o por impago de sueldos devengados? ¡Ninguno…!”, espetó.
Los casos más críticos de reincorporación frenada por “consorcios de empresarios, jueces, fiscales y policías”, son: Faboce, Sedeca e Ingenio Bermejo (Tarija); Vidrioluz, Fanacim Prosil, Hilandería Sendtex (Cochabamba), Concrtetec (inestabilidad y riesgo en Santa Cruz y 5 filiales); Lara Bish, Infocal, Don Pollo (La Paz), así como Texturbol, Hilbo, Tecnopor e Infocal (El Alto). En casi todas se llegó a violar el fuero sindical. FIN
