La Federación de Choferes Chuquiago Marka decidió este lunes no asistir a nuevas convocatorias de diálogo con el Gobierno y otorgó un plazo de 24 horas para que el Ejecutivo cumpla los compromisos asumidos. El sector advirtió que, en caso de incumplimiento, se sumará a las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La determinación fue asumida durante un ampliado de emergencia realizado por la Federación de Choferes Chuquiago Marka, donde los dirigentes analizaron el estado de los acuerdos firmados previamente con autoridades gubernamentales. Según el sector, dichos compromisos no habrían sido cumplidos en su totalidad, especialmente en lo referido al abastecimiento de combustibles y a los mecanismos de compensación por daños en los vehículos.
El secretario ejecutivo de la federación, Santos Escalante, señaló que el sector asistió en varias oportunidades a reuniones con el Gobierno, en las cuales se habrían suscrito actas de compromiso. Sin embargo, denunció que los acuerdos no fueron ejecutados en los plazos establecidos, lo que generó desconfianza entre los afiliados.
En ese contexto, la organización determinó no participar en futuras convocatorias al diálogo mientras no exista una respuesta concreta a sus demandas. Asimismo, estableció un ultimátum de 24 horas para que el Ejecutivo demuestre avances significativos, particularmente en el abastecimiento de combustible y en el resarcimiento por daños en motores atribuidos a la calidad del carburante.
Los dirigentes advirtieron que, de no obtener una solución en el plazo fijado, el sector podría sumarse a las medidas de presión impulsadas por otros actores sociales, que en las últimas semanas han escalado sus demandas hasta exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La decisión de los choferes se produce en un contexto de creciente conflictividad en La Paz y El Alto, donde los bloqueos y protestas han afectado la circulación de transporte, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles. Las restricciones han generado largas filas en surtidores y dificultades en la distribución de productos básicos.
El conflicto social que atraviesa el país se originó a inicios de mayo con un paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), al que posteriormente se sumaron distintos sectores campesinos y sindicales. Con el paso de las semanas, las demandas iniciales derivaron en una exigencia común de renuncia presidencial, profundizando la crisis política y social.
