Esta vez, la acusación será “por vulnerar el derecho constitucional a la educación”, un delito que pudo haberse cometido cuando el año escolar de 2020 fue clausurado en agosto del pasado año.La querella apunta a una decisión asumida por Áñez cuando era mandataria transitoria, una condición no reconocida por varios sectores del MAS. De hecho, la diputada Lidia Patty (MAS) reiteró ayer un pedido para que las cuatro proposiciones acusatorias que ya están en el Legislativo con miras a un juicio de responsabilidades, sean rechazadas para que Áñez, detenida desde marzo, sea juzgada sólo por la vía ordinaria.