Comisión legislativa dice que Áñez tiene atención médica y Carolina Ribera viajó a EE.UU

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a través de su presidente, el diputado Juan José Jáuregui (MAS) dijo que concluyeron el informe sobre el estado de la situación de la expresidenta Jeanine Áñez en el que constatan que la exmandataria recibe toda la atención posible dentro su encierro; mientras se conocía este informe, la hija, Carolina Ribera, viajaba a EEUU donde pretende denunciar la violación de derechos de su progenitora.La expresidenta “tiene atención médica permanente, tiene vigilancia médica, existen juntas médicas que se han constituido para homogenizar criterios médicos y, en consecuencia, determinar el tratamiento más adecuado para la patología que está sufriendo”, dijo Jáuregui a los medios de comunicación.El 26 de agosto de este año, tres legisladores de esta instancia legislativa ingresaron al penal de Miraflores y lograron entrevistarse con Áñez. Los diputados opositores denunciaron que no existe pleno acceso a los médicos, debido a una excesiva burocracia. El informe fue considerado en comisión este martes.Sin embargo, el presidente de esta comisión dijo que el informe de conformidad que entregaron a la presidencia de la Cámara de Diputados tiene la firma de los opositores, pues ellos constataron que la expresidenta tiene todos los recursos para atender su salud.“Debo informar y debo saludar la madurez de algunos parlamentarios de Comunidad Ciudadana, que, de manera unánime, han aprobado los contenidos del informe de la Comisión”, aseguró el legislador oficialista.Mientras parlamentarios presentaban su informe, la hija de la exautoridad viajaba a Estados Unidos donde presuntamente se reunirá con entidades defensoras de los derechos civiles. La primera reunión sería con José Miguel Vivanco, director para América de Human Rigth Watch y con sectores opositores de Venezuela asentados en el país del norte.En Bolivia, los diputados consideran que se puede utilizar este reporte como un trabajo del Estado boliviano, ante la eventualidad de ser convocados por las organizaciones de DDHH del exterior. Este documento, dijo Jáuregui, es un informe del primer Poder del Estado, por tanto, lleva la voz del propio Legislativo.