La presión sobre el presidente Rodrigo Paz para que adopte medidas extraordinarias frente a la crisis social y los bloqueos de carreteras se intensificó este jueves. Comités cívicos, sectores productivos, transportistas y organizaciones ciudadanas de distintos departamentos exigieron al Gobierno actuar de manera inmediata para restablecer la transitabilidad y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en las regiones afectadas.
El Comité Multisectorial, tras el cabildo realizado en la ciudad de La Paz, otorgó un plazo de 48 horas al Ejecutivo para que declare un Estado de excepción. Su presidente, Leonel Cóndor Huayra, advirtió que, si no existe una respuesta favorable, se asumirán nuevas medidas de presión. Además, anunció la realización de un cabildo digital nacional este domingo con representantes de los nueve departamentos para definir futuras acciones.
Desde Santa Cruz, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó la estrategia gubernamental y reiteró el pedido de un Estado de excepción sectorizado. El dirigente sostuvo que las posibilidades de diálogo son reducidas debido a que los sectores movilizados mantienen como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En Cochabamba, el Comité Cívico también dio un ultimátum al Gobierno hasta este sábado para encontrar una salida al conflicto. De no existir soluciones, anunció la convocatoria a un Gran Cabildo de la Cochabambinidad y el inicio de una huelga de hambre escalonada a partir de la próxima semana.
La exigencia de medidas excepcionales también fue respaldada en semanas anteriores por instituciones cívicas de Oruro, Beni, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Pando, cuyos representantes consideran que la prolongación de los bloqueos está provocando graves consecuencias económicas y sociales en todo el país.
En La Paz, la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), junto a la Confederación Nacional del Transporte Pesado y organizaciones gremiales, convocó para este viernes una movilización que partirá desde la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Los dirigentes denunciaron las pérdidas económicas, las dificultades para el transporte de mercancías y el impacto que la crisis genera en miles de familias bolivianas.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene una posición cautelosa respecto a la posibilidad de declarar un Estado de excepción. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló recientemente que cualquier decisión relacionada con la seguridad nacional será manejada con discreción, aunque aseguró que las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y garantizar la estabilidad del país.
