La Defensoría del Pueblo advirtió que los incendios forestales en Bolivia dejaron de ser eventos temporales y se transformaron en una problemática estructural que afecta los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra, debido al incremento de su magnitud y a las deficiencias en las acciones de prevención y respuesta.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, realizó la advertencia durante la presentación del séptimo reporte sobre incendios forestales, derechos humanos y derechos de la Madre Tierra, documento que identifica una tendencia creciente en la presencia de focos de calor desde la gestión 2023.
“Desde la Defensoría del Pueblo queremos alertar que los incendios forestales han dejado de ser algo estacional, algo coyuntural, para convertirse en un problema estructural que afecta los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra”, afirmó Pedro Callisaya, defensor del Pueblo.
De acuerdo con el informe, los focos de calor registraron un aumento significativo en los últimos años. En 2023 se alcanzó un máximo de 1.736 focos, mientras que en 2024 la cifra llegó a 16.494. En 2025 se contabilizaron hasta 2.536 registros y, hasta el 21 de julio de 2026, ya se reportaron 2.835 focos.
La institución señaló que, pese a las acciones impulsadas mediante exhortaciones a autoridades y una acción popular presentada en 2024, aún existen dificultades en la respuesta estatal, principalmente por la falta de medidas preventivas oportunas y la activación tardía de los comités operativos de emergencia.
El reporte también identificó problemas relacionados con la capacidad logística para atender estas emergencias, situación que pone en riesgo a los bomberos que participan en las tareas de control, además de observar dificultades normativas para investigar y sancionar a los responsables de quemas ilegales.
En cuanto al cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024, la Defensoría indicó que persisten observaciones en las acciones de restauración y prevención. Señaló que algunas instituciones no presentaron información sobre los daños ocasionados ni sobre las medidas aplicadas para recuperar las zonas afectadas.
Asimismo, el informe cuestionó la falta de reportes de municipios identificados como áreas de riesgo. Según la Defensoría, 47 gobiernos municipales no informaron a las comunidades sobre las acciones preventivas ejecutadas.
Entre 2024 y 2026, la institución realizó 73 acciones de seguimiento al cumplimiento de la resolución constitucional, emitió 41 notas exhortativas, sostuvo reuniones con autoridades de diferentes niveles del Estado y desarrolló actividades de capacitación dirigidas a municipios y gobiernos departamentales.
Sin embargo, el avance en la implementación de medidas preventivas y la elaboración de un Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2026 alcanza solamente un 6%, según los datos presentados.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales reforzar las acciones de prevención, mejorar la coordinación institucional, fortalecer los equipos de bomberos, proteger las áreas naturales y garantizar la investigación y sanción de quienes provoquen incendios forestales.
