La Defensoría del Pueblo informó que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 157 conflictos sociales activos en Bolivia, en un contexto marcado por el aumento de protestas vinculadas principalmente a temas económicos como el abastecimiento de combustible y la estabilidad laboral.
El reporte, presentado este lunes, da cuenta de un total de 176 eventos de conflictividad, de los cuales 157 corresponden a conflictos en desarrollo y 19 a anuncios de posibles medidas de presión. Según la institución, este incremento refleja una mayor tensión social en comparación con el último trimestre de 2025.
“Este reporte advierte que la cantidad de conflictos sociales se incrementó de manera significativa en temas vinculados al ámbito económico”, señala el documento, que identifica como principales factores el abastecimiento y la calidad de combustibles, además de demandas laborales y medidas fiscales.
En cuanto a la distribución geográfica, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de conflictos con 47 casos, seguido de Santa Cruz con 28 y Cochabamba con 19. También se reportaron 15 conflictos en Potosí, 12 en Beni, 11 en Pando, 10 en Chuquisaca, 8 en Tarija y 7 en Oruro.
La Defensoría del Pueblo informó que intervino en 119 de los 157 conflictos activos, lo que representa el 75% del total, con el objetivo de promover el diálogo y prevenir la escalada de tensiones.
Respecto a las formas de protesta, el bloqueo se consolidó como la principal medida de presión, con 60 registros. “Esta modalidad se posiciona como el principal mecanismo de protesta para visibilizar demandas y ejercer presión sobre las autoridades”, indica el informe.
Otras acciones recurrentes fueron los paros (23), marchas (21), vigilias (12), toma de instituciones (12) y mítines (10). En menor proporción, se registraron enfrentamientos (7), huelgas de hambre (6) y declaratorias de estado de emergencia (6).
En relación con las causas, el informe señala que las principales demandas están vinculadas a la calidad del combustible, con 29 casos, y a temas de gobernanza, con 27, además de conflictos de carácter político-electoral y sectorial.
La Defensoría advirtió que este panorama evidencia una creciente presión social que demanda atención institucional oportuna para evitar la profundización de los conflictos en el país.
