En las Fuerzas Armadas y en la Policía Boliviana persiste el descontento que circula internamente entre oficiales y efectivos de base. El malestar se extiende a los uniformados en reserva activa y jubilados. Todos cuestionan los procesos que se siguen a varios de sus camaradas, la intromisión política en las instituciones, entre otros hechos, pero no pueden manifestarse por temor a no ser ascendidos, a ir encarcelados o a ser cambiados de destinos. La pasada semana, el Ministerio de Gobierno congeló los ascensos en la Policía porque antes se debe procesar a quienes hayan participado en el motín de 2019. Asimismo, el 6 de abril el presidente Luis Arce ratificó a los miembros del Alto Mando Militar, a quienes posesionó en diciembre de 2020 después de dos meses de haber sacado a la cúpula que puso en un principio. El general en retiro del Ejército Tomás Peña y Lillo afirma que no había motivo para destituir al primer alto mando militar. “El anterior mando expresó su desacuerdo y fue destituido, no había motivo, pero esa es una forma de amenazar, el gobierno releva cuando se le ocurre, cuando quiere”.Si bien el general aclara que las FFAA son una institución vertical y subordinada, frente a estos “atropellos” del gobierno hay posiciones y observaciones que no deben quedarse en el olvido. “Hay una decepción, el actual mando no cumple con su deber. El trato es abusivo y hasta despectivo, hay molestia”. A eso se suman los procesos penales que sigue la Fiscalía a exjefes militares por los casos de Sacaba y Senkata. “Al margen de que es un atropello y una injusticia, es una advertencia a todos los militares. Todos podemos ir a la cárcel”, dice un general de la Fuerza Aérea Boliviana. Ascensos parados en la PolicíaEl gobierno está en un franco seguimiento para dar con los policías que fueron parte del motín de 2019, con el argumento de que fue parte importante del llamado “golpe de Estado” a Evo Morales. No obstante, hay una serie de hechos que derivaron en un acuartelamiento de los efectivos dos días antes de que renunciara el entonces presidente.
A consecuencia de estos hechos, la cúpula policial envió una lista de los uniformados que deberían ser procesados. “Somos víctimas de una cacería de brujas al interior de nuestra institución y con eso se crea enemistad y conflictos entre los miembros de la Policía, le recordamos al comandante general que como policías de honor no estamos de acuerdo con esta persecución, tenemos que exigir respeto, pero siempre con el temor de ser procesados o llevados a lugares donde no hay ni servicios básicos”, dice un coronel activo de la Policía que prefiere no dar su nombre por obvias razones.Un coronel jubilado de la Policía asegura, por su parte, que esta investigación hace que no haya ascensos hace más de tres meses. “Es una forma de castigarnos, hay dos promociones perjudicadas por este retraso, qué harán los camaradas. Y están amordazados porque temen represalias por manifestarse”. El general Peña y Lillo afirma que lo mismo ocurre con las FFAA, en las que hay promociones perjudicadas por la posesión de militares que no les correspondía estar al mando. “Esto genera inestabilidad y desconfianza dentro de la institución militar, el gobierno debería cumplir con la ley”.Hace dos semanas, esposas de policías y activistas marcharon en Cochabamba por los efectivos que son procesados por el motín de 2019. “A las señoras ya las buscaron unos ‘emisarios’ para amenzarles con destinar a sus esposos a lugares extremos. Así están actuando”, dice el coronel de la Policía entrevistado.El Gobierno sostiene el argumento de sancionar a policías y militares que actuaron en el que denominan “golpe”.
