El diputado Rolando Pacheco, de la bancada de Alianza Popular (AP), solicitó a la comisión especial que investiga el denominado caso de las 31 maletas convocar en calidad de investigadas a las máximas autoridades de la Aduana Nacional, Naabol, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Cancillería, al considerar que estas entidades habrían tenido participación en las decisiones y omisiones relacionadas con el ingreso y posterior retiro del equipaje.
Según el legislador, las cuatro instituciones intervinieron en la cadena de actuaciones que permitió el arribo de la aeronave procedente de Estados Unidos, el ingreso de las 31 maletas al país, su permanencia en depósitos y su retiro en circunstancias que actualmente son objeto de investigación.
«La investigación no puede limitarse a los funcionarios operativos: corresponde que las máximas autoridades ejecutivas de las cuatro entidades sean citadas en calidad de investigadas, a fin de establecer su responsabilidad personal por acción u omisión en los hechos», afirmó Rolando Pacheco, diputado de Alianza Popular (AP).
El parlamentario remitió una nota al presidente de la comisión especial, Egidio Arce, en la que además propone ampliar las líneas de investigación para esclarecer las responsabilidades en el caso.
La investigación se originó tras el ingreso al país de un vuelo privado que transportaba 31 maletas que, de acuerdo con las indagaciones, habrían evitado los controles habituales. Hasta la fecha, las autoridades no han determinado oficialmente el contenido del equipaje ni se conoce su paradero.
Entre las personas investigadas figuran la exdiputada Laura Rojas, señalada por presuntamente ingresar el equipaje utilizando un pasaporte diplomático que ya había sido anulado, y el juez Hebert Zeballos, quien es vinculado al galpón donde fueron trasladadas las maletas.
Respecto a la DGAC, Pacheco observó que la autorización para el ingreso y salida de la aeronave fue emitida a nombre de Southern Cross Aircraft LLC, mientras que el vuelo habría operado bajo la Declaración General de Proflite LLC. Añadió que ninguna de estas empresas figura con registro de ingreso en el sistema de la Aduana Nacional, por lo que pidió establecer quién autorizó la operación y por qué esa diferencia no impidió el vuelo.
En cuanto a la Cancillería, el diputado indicó que el pasaporte diplomático utilizado en el caso fue anulado el 13 de noviembre de 2025, decisión que, según explicó, fue comunicada ese mismo día a Interpol y a Migración. Sin embargo, sostuvo que el documento volvió a ser utilizado el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, por lo que cuestionó por qué la anulación no se reflejó en los sistemas de control y por qué esa institución no asumió el rol de parte querellante.
«La investigación no puede limitarse a los funcionarios operativos», reiteró Rolando Pacheco, diputado de Alianza Popular (AP), al insistir en que también se determinen las responsabilidades de las máximas autoridades involucradas.
Asimismo, señaló que Naabol, como administradora del aeropuerto internacional de Viru Viru, tuvo conocimiento de la situación luego de que su director alertara a la Aduana el 2 de diciembre. No obstante, afirmó que no se adoptaron medidas para impedir el retiro del equipaje y que la Aduana permitió su entrega mediante un documento que ya había sido anulado.
