La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de retorno económico, que establece qué niveles de gobierno deberán asumir el financiamiento de obligaciones relacionadas con el régimen penitenciario y el bono de vacunación.
La norma fue aprobada en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y al ser la Cámara de origen será remitida al Senado para su revisión constitucional.
El proyecto dispone que el Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de Gobierno, asuma el financiamiento del costo del prediario y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario a nivel nacional.
De esta manera, las gobernaciones dejarían de asumir estas obligaciones a partir de la aplicación de la nueva normativa, de acuerdo con lo establecido en el proyecto aprobado.
Asimismo, el Ministerio de Salud y Deportes será responsable del financiamiento del bono de vacunación, conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente.
La propuesta también establece una disposición para las obligaciones generadas antes de la gestión 2026. Estos compromisos continuarán siendo asumidos por los gobiernos autónomos departamentales, de acuerdo con las normas vigentes al momento en que fueron generados.
Para la gestión 2026, la Autoridad Binacional Lago Titicaca, la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo y el Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica continuarán recibiendo transferencias provenientes de los gobiernos departamentales.
A partir de 2027, las fuentes de financiamiento de estas instituciones serán determinadas mediante decreto supremo, según establece el proyecto de ley aprobado por los diputados.
El tratamiento de la norma continuará ahora en la Cámara de Senadores, donde deberá ser revisada antes de definir su siguiente etapa dentro del procedimiento legislativo.
