El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, propuso la elaboración de una ley corta para viabilizar la selección y designación del nuevo fiscal general del Estado. La iniciativa surge ante las observaciones sobre la normativa que debería aplicarse para desarrollar el proceso de elección.
Lara informó que envió dos notas a la Comisión de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, con el objetivo de que active el procedimiento correspondiente. El vicepresidente insistió en que la comisión debe convocar a sesión y remitir la convocatoria para su consideración y aprobación en el pleno legislativo.
La propuesta se originó después de que, durante una reunión de bancadas, se plantearan dudas sobre la vigencia y aplicación de la ley utilizada para la designación de Roger Mariaca en 2024. Según explicó Lara, un asesor de la comisión señaló que esa normativa habría sido aprobada específicamente para aquel proceso, lo que podría impedir su aplicación en una nueva elección.
Ante esa observación, el vicepresidente manifestó que, si existe un informe formal que confirme el impedimento legal, se podría trabajar en un nuevo proyecto de ley corta. Su aprobación dependerá de la voluntad política de los legisladores y de la coordinación entre diputados y senadores para avanzar con el procedimiento.
Lara sostuvo que, una vez resuelto el aspecto normativo, corresponde emitir una convocatoria pública, recibir las postulaciones, evaluar los méritos de los candidatos y desarrollar las etapas de calificación previstas. La designación del nuevo fiscal general deberá contar con el respaldo de dos tercios de los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El planteamiento se produce después de la salida de Roger Mariaca del cargo y la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino por un periodo de 90 días, según la información difundida. La eventual aprobación de una nueva norma y el cumplimiento de las etapas legislativas serán determinantes para avanzar hacia la elección de la autoridad titular del Ministerio Público.
