El Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, presentó este jueves la estructura y funcionamiento de la Comisión Constitucional que revisará la relación del departamento cruceño con el Estado, en el marco del cumplimiento al mandato del cabildo del 13 de noviembre. La metodología del proyecto implicará un proceso que tendrá diferentes etapas y distintos actores y las labores iniciarán en enero del próximo año.
“El Comité pro Santa Cruz ha definido el marco conceptual y la metodología a seguir para cumplir la tarea encomendada. El marco conceptual (…) exponemos cinco premisas básicas que serán la base del trabajo a seguir: Primero, la comisión hará un minucioso análisis y formulará un diagnóstico de la relación actual del departamento de Santa Cruz con el nivel central del Estado boliviano”, dijo Calvo.
Este primer punto tiene el objetivo de proyectar un nuevo modelo de relación que genere un cambio cualitativo sustancial.
Como segundo punto, Calvo dijo que el relacionamiento analizado podrá evaluarse en función a las consecuencias políticas, económicas, sociales y políticas, en el ámbito urbano, rural e institucional.
El tercer punto, refiere que el proyecto que surja fruto de este análisis y que planteará un nuevo modelo de relacionamiento entre Santa Cruz y el Estado se hará dentro del marco legal y constitucional. Calvo mencionó que habrá espacios para proponer modificaciones normativas y constitucionales, siempre que sean concretas y resulten viables en corto o mediano plazo.
“El cuarto, el ideal del planteamiento es que se consideren opciones alternativas para reconducir el relacionamiento, tomando en cuenta las capacidades normativas, ejecutivas y administrativas actuales y potenciales de las instituciones autónomas de Santa Cruz en sus diferentes niveles, a fin de disminuir su dependencia del nivel central”, agregó.
El quinto punto indica que el diseño de esta relación deberá lograr un equilibrio entre lo “deseable y lo viable” para que las propuestas se plasmen en hechos concretos y que su aplicación no esté condicionada a la voluntad de otros departamentos que “no tienen la motivación, la capacidad ni la voluntad de autogobernarse o de replantearse su propia relación con el Estado boliviano”.
