La situación judicial del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se agravó luego de que la Fiscalía Federal de Estados Unidos ampliara la acusación en su contra e incorporara los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína por vía marítima. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.
Según la nueva acusación, presentada ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, Marset habría liderado una organización dedicada al envío internacional de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia distintos mercados, principalmente Europa, entre 2018 y marzo de 2026. Los fiscales sostienen que estas actividades constituyen apoyo material a una estructura vinculada con actividades terroristas, uno de los delitos más severamente sancionados por la legislación de Estados Unidos.
Además, el expediente incluye un cargo por conspiración para transportar cocaína en embarcaciones sujetas a jurisdicción estadounidense. La investigación señala que Marset habría coordinado junto al Clan del Golfo el envío de aproximadamente 1,7 toneladas de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica. La carga fue interceptada en el Caribe durante un operativo en junio de 2024, cuando las autoridades recuperaron más de 1.650 kilogramos de droga arrojados al mar durante la persecución.
Paralelamente, Marset cambió de estrategia legal al reemplazar a su equipo de abogados en Estados Unidos. A través de una carta enviada al juez federal Rossie D. Alston Jr., denunció presuntas vulneraciones a sus derechos tras su captura en Bolivia y aseguró que agentes de la DEA intentaron presionar a su madre para obtener el acceso a una billetera de criptomonedas valorada en cerca de cuatro millones de dólares. También afirmó que fue interrogado sin la presencia de un abogado y reiteró su inocencia.
La causa ingresará este 1 de julio en una etapa decisiva, cuando la Corte Federal inicie el tratamiento formal de la nueva acusación que podría derivar en la máxima pena contemplada por la legislación estadounidense.
