Un estudio realizado por la consultora Rodríguez & Baudoin reveló que apenas el 13% de las publicaciones que expresan una posición definida en redes sociales y plataformas digitales respalda la legitimidad de los bloqueos y rechaza la posibilidad de aplicar un estado de excepción, mientras que la mayoría de las opiniones se inclina por el restablecimiento de la normalidad y el fin de las medidas de presión.
La investigación analizó un total de 2.420 publicaciones difundidas en 13 plataformas digitales, además de 1.545 comentarios correspondientes a las 16 publicaciones con mayor alcance sobre el debate generado tras la abrogación de la Ley 1341, norma que regulaba aspectos relacionados con los estados de excepción.
Según el informe, cerca de tres cuartas partes de las publicaciones examinadas se limitaron a informar sobre los acontecimientos sin asumir una postura clara frente al conflicto. Sin embargo, entre aquellas que sí expresaron una opinión, predominó ampliamente el discurso que demanda el levantamiento de los bloqueos y el retorno de la normalidad en el país.
Los investigadores identificaron una tendencia creciente de preocupación ciudadana por las consecuencias económicas y sociales derivadas de las medidas de presión. Entre los principales argumentos expuestos por quienes rechazan los bloqueos figuran los problemas de abastecimiento, las dificultades para trabajar, la escasez de combustibles y alimentos, así como las pérdidas económicas que afectan tanto a familias como a distintos sectores productivos.
Por otro lado, el grupo que respalda las movilizaciones centra sus argumentos en la defensa de los derechos ciudadanos y en las advertencias sobre posibles vulneraciones de garantías constitucionales ante la eventual aplicación de medidas excepcionales por parte del Estado.
El estudio señala además que ambos sectores mantienen discursos paralelos y con escasa interacción entre sí. Mientras un grupo enfatiza las consecuencias económicas de los bloqueos, el otro prioriza el debate sobre derechos, libertades y posibles riesgos de represión, generando una conversación fragmentada y sin puntos de encuentro visibles.
Uno de los hallazgos más relevantes es que incluso en publicaciones protagonizadas por dirigentes que apoyan las movilizaciones, la mayoría de los comentarios de los usuarios se inclina por exigir soluciones que permitan recuperar la circulación normal de personas y mercancías. Según el informe, el discurso asociado al orden y la normalización logra mayor respaldo porque conecta directamente con experiencias cotidianas que afectan a la población.
Los autores aclaran, sin embargo, que esta demanda de orden no debe interpretarse necesariamente como un respaldo al Gobierno. Una parte importante de los comentarios analizados expresa críticas hacia las autoridades nacionales, a las que responsabilizan por no haber encontrado soluciones oportunas a la crisis y por la prolongación del conflicto.
La investigación también detectó una creciente desconfianza hacia los dirigentes sindicales y sociales. En varios de los comentarios revisados, los usuarios cuestionan a los líderes de las organizaciones movilizadas, argumentando que se encuentran alejados de las preocupaciones reales de los trabajadores y de los problemas que enfrenta la población en su vida diaria.
Asimismo, el estudio concluye que la conversación digital ciudadana se desarrolla bajo parámetros distintos a los utilizados por dirigentes políticos, analistas o líderes sociales. Mientras estos actores suelen debatir temas jurídicos, constitucionales o políticos, la mayoría de los usuarios enfoca sus preocupaciones en asuntos concretos relacionados con el empleo, los ingresos familiares, el abastecimiento de productos y la estabilidad económica.
De acuerdo con Rodríguez & Baudoin, el principal resultado del análisis es que existe una fuerte demanda social de normalidad y estabilidad, impulsada por el desgaste económico provocado por el conflicto. No obstante, esta demanda no encuentra un referente político claramente definido, ya que la desconfianza alcanza tanto a dirigentes sindicales como a autoridades gubernamentales y actores políticos en general.
El estudio fue realizado sobre publicaciones difundidas entre el 21 y el 27 de mayo y refleja un escenario marcado por el cansancio ciudadano, la preocupación económica y la búsqueda de soluciones que permitan superar la crisis que atraviesa el país.
