En una sola semana, después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, anunciara que procesará al expresidente Evo Morales por difamación ocurrieron la detención del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani; el cierre del mercado paralelo de la coca, dirigido por Arnold Alanez, la detención del diputado potosino Hilarión Mamani y el diputado Renán Cabezas denunció persecución a su hijo. Todos los afectados tienen algo en común: Forman parte del ala ‘evista’ del MAS.
La división en el oficialismo tiene estas aristas. Los ‘afectados’ denuncian persecución judicial y un “ajuste de cuentas”, por parte del sector ‘arcista’, liderado por el presidente Luis Arce. El ministro Iván Lima responde que éstos (ajustes de cuentas) se producen sólo “entre delincuentes” y, según él, aquí no hay “nada más lejano a la realidad”.
Desde el banco contrario, la exsenadora Adriana Salvatierra asegura que el Gobierno utiliza mal su poder, específicamente en el caso de Evo Morales, sin “meter las manos al fuego” por nadie más. En la misma línea el exministro Carlos Romero advierte que con estas acciones el Gobierno busca ocultar sus fracasos en la lucha contra el narcotráfico y menciona como ejemplo el caso del uruguayo Sebastián Marset, considerado un ‘pez gordo’ del tráfico ilegal de drogas que vivía tranquilamente en Bolivia a pesar de que está buscado por la Interpol, la Europol y la DEA.
