El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que tres exfuncionarios de la Aduana de Potosí son investigados por presuntamente recibir entre Bs 500 y Bs 1.000 por cada camión cargado con mercadería de contrabando, a cambio de permitir su circulación. El caso fue presentado este jueves 22 de octubre y derivó en una denuncia ante el Ministerio Público.
La investigación se inició a partir de una denuncia sobre hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2025, cuando los entonces funcionarios aduaneros habrían permitido el paso de 48 camiones con mercadería de contrabando desde Villazón hasta la ciudad de Potosí. Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se habría producido el traslado de la carga y la posible participación de los implicados.
García explicó que se revisaron los movimientos económicos de las cuentas bancarias de los tres exfuncionarios: un exresponsable administrativo, un exencargado de la Unidad de Control Operativo Estratégico y un técnico. Según el viceministro, los montos identificados no guardarían correspondencia con los perfiles financieros ni con los ingresos declarados por estas personas.
Durante la presentación del caso, la autoridad detalló que uno de los investigados registró movimientos económicos por Bs 554.000, otro por Bs 166.000 y el tercero por aproximadamente Bs 70.000. Estos montos fueron considerados indicios que ameritan una investigación para determinar su origen y establecer si existe relación con las presuntas irregularidades denunciadas.
Ante estos elementos, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por posibles delitos vinculados al enriquecimiento ilícito de particulares o al enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Las investigaciones deberán establecer si los movimientos financieros corresponden a ingresos legítimos o si están relacionados con los hechos denunciados, respetando el procedimiento legal correspondiente.
El viceministro aclaró que los tres involucrados ya no forman parte de la institución, pero recordó que una desvinculación laboral no elimina una eventual responsabilidad por hechos cometidos durante el ejercicio de la función pública. El caso forma parte de las acciones de transparencia destinadas a esclarecer presuntos hechos de corrupción en instituciones estatales.
