El Ministerio Público de Santa Cruz inició una investigación penal contra el expresidente Evo Morales Ayma y los dirigentes Mario Argollo Mamani y Vicente Salazar, tras admitir una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz por hechos relacionados con los bloqueos y movilizaciones que se extendieron durante más de 50 días en el país.
La denuncia fue presentada por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, junto a los dirigentes Walter Agustín Zambrana Arze y Dino Raúl Franco Barba, quienes atribuyen a los denunciados la promoción de las medidas de presión que, según sostienen, ocasionaron una prolongada crisis social y económica.
De acuerdo con la resolución emitida por el Ministerio Público, la investigación comprende de manera inicial los presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y asociación delictuosa. La fiscal de materia Karina Lijerón Suárez señaló en el documento que la calificación jurídica es de carácter provisional y podrá modificarse conforme avancen las actuaciones investigativas. El proceso fue registrado con el CUD 701102012605026.
Al momento de presentar la denuncia, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Walter Agustín Zambrana Arze, sostuvo que el objetivo es que los responsables respondan ante la justicia. “Se está presentando ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz una denuncia por la comisión de graves delitos como alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento del terrorismo y otras tipificaciones”, manifestó.
Por su parte, el vicepresidente cívico Dino Raúl Franco Barba afirmó que la institución hará seguimiento al proceso. “No podemos permitir que queden en la impunidad las personas que tanto daño le hicieron a los bolivianos. Hoy iniciamos esta demanda para que los responsables respondan ante la justicia”, declaró.
La investigación surge a raíz de los bloqueos y protestas registrados durante 53 días en distintas regiones del país. Según los antecedentes del caso, las movilizaciones comenzaron con demandas relacionadas con una normativa sobre tierras y posteriormente incorporaron exigencias políticas, entre ellas la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Durante ese periodo se registraron más de un centenar de puntos de bloqueo, principalmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba, situación que afectó el transporte interdepartamental y provocó dificultades en el abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos, además de otros impactos a nivel nacional.
