La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Fuerza Naval y la Policía Boliviana, participa en operativos para verificar actividades mineras ilegales en los ríos de Beni y Pando. Estas prácticas generan un impacto ambiental y económico significativo, afectando áreas protegidas y comunidades locales.
Según la Directora Nacional de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Mirtha Mejía, se han identificado actividades de explotación ilegal de recursos naturales, enriquecimiento ilícito y comercialización irregular de combustibles. Comunarios de la Reserva Natural del Manuripi expresaron su preocupación por la presencia de asentamientos mineros que afectan su entorno.
Además, la Fiscalía supervisa el cumplimiento de los lineamientos institucionales en la lucha contra la corrupción y el control de delitos ambientales en la región.
