El Ministerio Público informó que actualmente existen 148 procesos penales relacionados con los bloqueos y movilizaciones registrados entre mayo y junio en distintas regiones del país. La mayor parte de las investigaciones se desarrolla en el departamento de La Paz, mientras que la mayoría de los casos fue iniciada de oficio.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, precisó que 99 de los 148 procesos fueron abiertos por iniciativa del propio Ministerio Público. «De los 148 procesos abiertos en todo el país, tenemos que hacer saber que 99 fueron iniciados de oficio por el Ministerio Público», afirmó durante una conferencia de prensa en Sucre.
Según el detalle proporcionado por la autoridad, 114 investigaciones corresponden al departamento de La Paz, 22 a Cochabamba, cinco a Oruro, dos a Santa Cruz, dos a Beni, dos a Chuquisaca y una a Potosí.
Mariaca explicó que la mayoría de los expedientes permanece en etapa preliminar o preparatoria y señaló que, hasta el momento, solo un proceso concluyó mediante un procedimiento abreviado. «Tenemos un caso aislado en Cochabamba, en el cual se sometieron a un procedimiento abreviado y aceptaron su culpa, eso fue en la zona de Parotani», indicó.
Las investigaciones abarcan presuntos delitos como asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, dependiendo de cada caso.
Entre las personas procesadas se encuentran dirigentes de organizaciones sociales vinculadas a las movilizaciones. El ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, mientras que el dirigente vecinal Justino Apaza permanece recluido en el penal de San Pedro.
Asimismo, el Ministerio Público mantiene como investigados al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al senador suplente Nilton Condori, aunque, según la información oficial, ninguno de ellos cuenta actualmente con una orden de aprehensión vigente.
Los procesos judiciales se originan a raíz de los bloqueos que se prolongaron por más de 50 días y que ocasionaron problemas en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de afectar el transporte y diversas actividades económicas en el país.
