El Gobierno abrió la posibilidad de modificar, reemplazar o abrogar el Decreto Supremo 5676, que elevó a Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores. La decisión surge después de que productores de Yapacaní suspendieran un bloqueo y dieran un plazo de 48 horas para dejar sin efecto la norma.
El viceministro Hernán Paredes reconoció que el decreto contiene “un pequeño error” y admitió que no cumplió con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible a los pequeños productores. Un acta firmada en Yapacaní establece que el Gobierno presentará un informe al gabinete para solicitar la anulación de la norma.
Mientras tanto, la oposición al decreto se extiende a otros sectores. La Cámara Agropecuaria del Oriente convocó a un congreso extraordinario para este jueves, donde se analizará la exigencia de abrogación del DS 5676. La Confederación Nacional de Gremiales también anunció movilizaciones en distintos departamentos una vez concluya el estado de excepción.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que la población mantiene el derecho a protestar y expresar su desacuerdo, pero recordó que durante el estado de excepción no están permitidos los bloqueos de carreteras ni acciones que afecten el libre tránsito.
El conflicto representa un nuevo desafío para el Gobierno de Rodrigo Paz, que enfrenta presión de sectores productivos y sociales mientras evalúa si mantiene, modifica o elimina una medida que buscaba cambiar el esquema de abastecimiento de combustibles.
