El Gobierno nacional señaló que la implementación del modelo de distribución de recursos conocido como 50/50 demanda un proceso de coordinación entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios, por lo que descartó una aplicación inmediata dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, explicó que esta propuesta fue presentada por el presidente Rodrigo Paz Pereira durante la campaña electoral y forma parte de una transformación gradual del modelo de administración pública.
«El presidente fue el que en campaña manifestó el 50/50. Él tiene la claridad de que este es un proceso más profundo y en conjunto, tanto con las gobernaciones como con las alcaldías», afirmó la autoridad.
Las declaraciones se producen en medio del planteamiento realizado por el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien solicitó al Senado modificar el PGE 2026 para establecer una coparticipación del 50% del Impuesto a las Transacciones (IT) entre el Tesoro General de la Nación y las entidades territoriales autónomas.
La propuesta plantea que la mitad de la recaudación del IT permanezca en el Tesoro General de la Nación, mientras que el restante 50% sea distribuido entre gobernaciones, municipios y universidades públicas.
Al respecto, Justiniano manifestó que el debate debe contemplar no solo la redistribución de recursos, sino también las responsabilidades institucionales y los mecanismos para su administración.
«No se trata solamente del hecho de decir: tome responsabilidad y recursos. Hay que ver también cómo se manejan. Debe ser un trabajo en conjunto y ordenado, porque se trata de una visión nueva», sostuvo el ministro.
Asimismo, la autoridad vinculó esta propuesta con una reforma de mayor alcance sobre la organización del Estado y señaló que el modelo 50/50 representa, según la visión del Ejecutivo, «un paso hacia el futuro que debe ser el federalismo».
Finalmente, Justiniano indicó que el Presupuesto General del Estado Reformulado 2026 fue recientemente aprobado y corresponde a una planificación heredada, por lo que consideró que los cambios estructurales deberán ser analizados e incorporados en futuras gestiones presupuestarias.
